BUENOS AIRES, nov 4 --
El Estado está más cerca de la impunidad en lo que se refiere a la posibilidad de los particulares de recurrir a la justicia y ante actos que vulneren sus derechos.
El diario La Nación explicó en su edición de hoy que un proyecto de ley que aprobó la Cámara de Diputados, por el que se restringe la posibilidad de que los particulares obtengan medidas cautelares para frenar actos del Estado y de los organismos públicos, genera fuerte preocupación y controversia entre los juristas
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La iniciativa, redactada por el diputado chubutense Juan Mario Pais (FPV), que logró el apoyo de 135 diputados en la sesión del miércoles último, mejora la posición del Poder Ejecutivo, la Anses, la AFIP, el Energas, un hospital público o la futura autoridad de medios audiovisuales, y, en general, cualquier otro organismo público autárquico o descentralizado
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Si un particular presenta una acción judicial para protegerse de un acto o decisión estatal que, supuestamente, lo daña, el juez interviniente, antes de suspender esa decisión, deberá darle al Estado tres días para hacer su descargo
. Ese plazo podrá estar precedido por otro de quince días si el reclamo se inició ante la administración pública. En todos los casos, el particular deberá presentar pruebas muy convincentes
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LATAM: Reporte
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